Nº2 / Octubre 2004

 

Plebiscito del agua

 

Acceder al agua potable es un derecho humano

 

Falta poco para definir los grados de libertad que tendremos como sociedad uruguaya de poder seguir teniendo soberanía sobre nuestros recursos hídricos superficiales y subterráneos o perderla a favor de filiales de empresas trasnacionales.

La situación en la que se encuentran actualmente nuestros países vecinos como Argentina o Chile y procesos que se desencadenan en Brasil, así como la violencia vivida en Cochabamba, Bolivia, en relación a la gestión privada sobre un recurso tan vital como es el agua, amerita que tomemos conciencia que como uruguayos todavía tenemos la posibilidad de decidir sobre el futuro de esta gestión.

El derecho como ciudadanos de seguir contando con servicios de alta calidad en la provisión de agua potable y la extensión de la red a aquellos uruguayos que no cuenten con tal servicio no es tan solo necesario, sino fundamental para alcanzar un estado sanitario socialmente adecuado. Si el Estado deja la provisión de este servicio y pasan a operar empresas privadas, la cosa será muy distinta. Sin embargo, se sostiene que es mejor que operen empresas privadas que públicas, porque estas despilfarran recursos humanos y recursos naturales. Se dice que las empresas privadas buscan el mejoramiento de la gestión, tanto en eficiencia como en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura o ambiente debido a la reinversión de sus ganancias en este sentido.

 

 

Es con participación ciudadana que se arribará a diseñar planes y programas de desarrollo territorial en las cuencas hidrográficas donde las personas viven, crecen y tienen derecho a mejorar su calidad de vida, con el desarrollo de actividades productivas con una gestión sustentable de los recursos naturales comprendidos en dichas cuencas.

 

 

Sin embargo, es conocido por todos que en Maldonado la empresa concesionaria URAGUA, no ha cumplido con el pliego de concesiones, retrasándose en las obras del colector subacuático, y ha sido beneficiada en varios aspectos económicos, modificando las condiciones contractuales. O sea el Estado la ha beneficiado por no cumplir, pero además, esta empresa distribuyó agua que tenía colibacilos fecales en plena temporada turística del 2002, y todo pasó, y no solamente eso, sino que se debe reflexionar sobre cuales fueron las razones iniciales que condujeron a este proceso, ya que Maldonado era el segundo departamento en recaudación para OSE después de Montevideo. Es decir, que por cuestiones políticas, se entregó parte de un departamento a una empresa privada para que gestione el agua, perdiendo soberanía sobre este recurso, a pesar que se sostenga que no es así.

Anteriormente se había realizado la concesión de la zona al este del Arroyo Maldonado a la empresa Aguas de la Costa que en este verano cobraba un cargo fijo de 2.200 pesos (sin consumo). Evidentemente que esto genera problemas socio-económicos importantes en la población afectada.

 

 

Claramente la Reforma no defiende la gestión actual de OSE, sino una OSE transparente, que cumpla realmente sus cometidos, así como se defiende la necesaria participación ciudadana en lo que refiere a las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos.

 

 

 

Interesa destacar que si se privatizan los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, una persona como usuaria no tendrá libertad de optar entre el tendido de la red pública o privada (como suele suceder con otros servicios, tales como educación, salud) sino que se verá obligada a seguir las imposiciones de obligatoriedad de las empresas, que evidentemente buscan obtener ganancias en el menor tiempo posible sin interesarles las cuestiones de orden social, ya que solo le interesan las razones de orden económico, ya que conciben el agua como una mercancía.

Claramente la Reforma no defiende la gestión actual de OSE, sino una OSE transparente, que cumpla realmente sus cometidos, así como se defiende la necesaria participación ciudadana en lo que refiere a las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, en unidades territoriales definidas como son las cuencas hidrográficas, abandonando la visión tecnocrática imperante, donde son solamente los técnicos los que aparentemente solo tienen el derecho de decidir.

Es con participación ciudadana que será posible llegar a elaborar una Política Nacional de Agua y en este sentido los técnicos son algunos integrantes más del complejo social. Es con participación ciudadana que se arribará a diseñar planes y programas de desarrollo territorial en las cuencas hidrográficas donde las personas viven, crecen y tienen derecho a mejorar su calidad de vida, con el desarrollo de actividades productivas con una gestión sustentable de los recursos naturales comprendidos en dichas cuencas. 

Para que el acceso al agua potable y al saneamiento sea un derecho humano fundamental contenido en nuestra Constitución, para que no se privatice la gestión del agua, para que podamos seguir accediendo a estos servicios los que contamos con ellos y para que accedan todos y para que la participación se nutra de contenido, es por esto y mucho más que votaremos Sí en apoyo a la Reforma de Constitución.

 

María Selva Ortiz

·          Integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

 

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